Según un informe del IEE, España es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria en el sector del comercio

El Instituto de Estudios Económicos acaba de publicar el informe “La mejora de la calidad institucional del comercio en España: cuantificación de su impacto económico y social” en el que, de manera general, destaca la importancia que tiene el sector del comercio en cualquier economía moderna.

Según el informe, España es uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria, con un exceso normativo y una deficiente calidad institucional. En concreto, en la regulación aplicada al sector del comercio, España tiene una regulación peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países, situándose la misma del orden de un 15% por debajo del promedio de la UE.

Según sus estimaciones, la mejora de la calidad Institucional podría suponer una reducción de los costes y, por lo tanto, una palanca de reducción de los precios al consumo de hasta 1,7 puntos en el IPC y un incremento del número de empleos en el sector que se ha estimado en 88.000 personas.

Entre las cargas administrativas y requerimientos regulatorios del sector del comercio que se han identificado en el estudio son las siguientes, nos encontramos con algunos puntos de especial relevancia para el sector de centros y parques comerciales, como son:

– Trámites relativos a la lentitud y dificultad de concesión de licencias: las principales trabas son la pérdida de tiempo para acceder a la normativa urbanística municipal, los retrasos en las Licencias de Obra y de Apertura, y la existencia de una excesiva arbitrariedad en la concesión de estas últimas. A esto, en los últimos años se ha sumado las exigencias medioambientales que han terminado por convertirse en obstáculos de muy compleja solución.

– Gestión de residuos: en la regulación de residuos, envases y procedimientos.

En base al análisis realizado el IEE define una serie de acciones a acometer para mejorar esta calidad institucional de la regulación del comercio en España, entre las que podemos destacar las siguientes:

– Mejora de la eficiencia en los procesos administrativos, con un acceso más directo a los técnicos para conocer, de primera mano, las mejoras y los cambios que se deben realizar en los proyectos para la obtención de licencias y permisos, así como agilizar su tramitación. Es necesario, igualmente, otorgar seguridad jurídica y estabilidad al marco regulatorio del sector.

– Reducción de los plazos administrativos, requisito fundamental para promocionar la inversión y la eficiencia en el sector. Entre las acciones se propone reforzar el silencio administrativo positivo y sustituir la autorización previa por declaración responsable

– Reconocimiento mutuo de normativas por las comunidades autónomas. Además, sería conveniente unificar las plataformas digitales y hacerlas compatibles entre las distintas regiones, así como tratar de armonizar los objetivos de sostenibilidad a nivel de comunidades autónomas.

Puede consultar el informe completo aquí