La Generalitat Valenciana deroga definitivamente el Impuesto a los Grandes Establecimientos Comerciales que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2025
La Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana, continuaba la misma senda iniciada por otras Comunidades Autónomas, e incluía, entre otras medidas, el establecimiento de un impuesto específico a los grandes establecimientos comerciales, que tiene como potencial objetivo la reducción de las externalidades negativas generadas por la atracción de vehículos a las grandes superficies comerciales.
En base a la experiencia de impuestos previos, la realidad es que tipo de figuras impositivas no consiguen su objetivo de proteger el medioambiente y, en cambio acaban generando impactos muy negativos sobre los establecimientos afectados. En particular, el importe de este impuesto podría ascender en muchos casos hasta el 10% de la facturación total de un centro comercial tipo. Según los cálculos realizados, para un centro mediano la aplicación de este impuesto supondría un coste de más de 1.000 euros por cada día apertura, llegando hasta casi los 2.000 € para los centros de mayor tamaño y afluencia. Estas cifras tan elevadas pueden incluso afectar la viabilidad económica de algunos centros y llegar a poner en duda realización de inversiones de rehabilitación y mejora.
Por todo ello, APRESCO lleva trabajando casi 3 años junto con el resto de las asociaciones sectoriales afectadas, desde que se inició la tramitación del impuesto en el año 2021 en la anterior legislatura, para trasladar a la Generalitat el gran impacto que este tipo de impuestos generan sobre nuestro sector, así como su ineficacia para conseguir los objetivos perseguidos.
Por fin, el pasado jueves 16 de enero de 2025, el Pleno de las Cortes Valencianas ratificó el Decreto ley 17/2024 por el que se deroga de forma definitiva este Impuesto a los Grandes Establecimientos Comerciales (IGEC) que debía haber entrado en vigor en la Comunidad Valenciana el pasado 1 de enero.